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El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, empezó ayer hablando a la defensiva y acabó bajando las defensas para, más relajado, exponer la necesidad de "conjugar unidad y diversidad" si se quiere llegar a algún acuerdo. Ante unos portavoces educativos de los grupos parlamentarios expectantes y contentos con el protagonismo que la propuesta de pacto está dando a la educación en el ruedo político, el ministro abordó de forma concreta la financiación que propone en el pacto. "Debe haber un compromiso explícito sobre las medidas inmediatas que han de adoptarse. Queremos una propuesta anual con las medidas concretas, vinculadas a una memoria y a un compromiso económico para su realización". ¿De cuánto dinero hablamos?

El ministro especificó dos objetivos financieros, rebatidos luego por otros grupos, como el PP y CiU. Con la mirada puesta en el periodo 2015-2020, la sugerencia del Gobierno es elevar la actual inversión en educación de España (4,92% del PIB) a la media de los países europeos más desarrollados (5,4%% del PIB). La segunda medida económica que citó fue el incremento, en el mismo periodo, del presupuesto para becas y ayudas al estudio universitarias -que son las que dependen aún del ministerio- del actual 0,08% del PIB al 0,2%.

El portavoz de Educación de los populares, Juan Antonio Gómez Trinidad, replicó que, en estos momentos, hablar de objetivos de financiación tomando como referencia el PIB es "una trampa". "Si sigue bajando, esos objetivos se alcanzarán solos", ironizó. Y pidió que se consensúe "una partida adicional condicionada a políticas de Estado". CiU también mencionó su propuesta, más ambiciosa que la del Ejecutivo: "Que la inversión en educación suponga el 6% del PIB en ocho años y se aumenten los recursos destinados a becas hasta el 0,4% del PIB", señaló su portavoz parlamentaria de Educación, Mercé Pigem. Este grupo condiciona el pacto "al respeto del Estatut y de la Ley de Educación de Cataluña".

En la sesión de ayer salieron todos los temas educativos que suponen un conflicto para el pacto: la política lingüística en las comunidades con dos lenguas oficiales, la libertad de elección de centro, el aumento del bachillerato a tres años... En su intervención inicial, la defensiva, el ministro dejó claro que, aunque "está dispuesto a hablar" de lo que haga falta, tanto el tema de las lenguas como el de la libertad de enseñanza están ya garantizados en la Constitución. Es decir, no se van a incluir en el pacto. También resaltó la "transparencia" del trabajo del ministerio en los cinco meses que lleva el pacto sobre la mesa e hizo unos cuantos llamamientos, con diferentes palabras, a "ahondar en lo que une" a los partidos y a "no esgrimir permanentemente las diferencias".

Ante las críticas de falta de concreción de sus 104 propuestas para el pacto, el ministro justificó que "es de debate y está abierto a nuevas incorporaciones".

Tras las intervenciones de los grupos, dos horas y cuarto después, el ministro cambió de tono. Adoptó uno más sosegado y académico. Aseguró que no iba a hacer intervenciones a la defensiva y que se ha pasado "de las musas al teatro y ahora hay que pasar a la concreción y a los textos". Y lanzó entonces otra propuesta al vuelo: como algunos creen que su documento contiene propuestas ya reguladas, está de acuerdo en "identificar 10 o 12 aspectos en los que todos estén de acuerdo para la mejora del sistema educativo". Dio así el primer paso para empezar a concretar.